La juez Lamela acumula las causas de la secesión catalana en el Supremo
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La juez Lamela a favor de acumular en el Tribunal Supremo las causas abiertas por el proceso secesionista de Cataluña

Tribunal-supremo

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo el informe que le fue solicitado por el magistrado de ese órgano judicial Pablo Llarena -que instruye la causa abierta a raíz de la querella que la Fiscalía interpuso contra la presidenta del Parlament de Cataluña y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica- sobre la posible acumulación de los procedimientos incoados en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Lamela, que instruye la causa contra los exmiembros del Govern catalán, considera que los procedimientos se deben acumular en el Tribunal Supremo porque se está investigando a los miembros de una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario. La magistrada entiende que que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.
Una organización con reparto de papeles, en ejecución de un plan preconcebido

La juez explica en su informe que de lo actuado hasta el momento se desprenden elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario.

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

Lamela describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

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