¿Necesitas ayuda o información sobre Kohror Pakka sanciones administrativas? Hoy en Legaliza Abogados te contamos que y cuando se incumple alguna norma del ordenamiento jurídico, y lo que supone estas infracciones y sanciones administrativas, las cuales están bajo la potestad de las Administraciones Públicas.

Incurrir en este tipo de faltas administrativas no tiene el impacto social en comparación a faltas penales, las cuales son potestad del Poder Judicial y suelen estar relacionadas con delitos de mayor gravedad, como quitar o atentar contra la vida de un ser humano, causar daños a una propiedad, entre otros.

Dicho esto, en el presente artículo te ofrecemos toda la información relacionada con las sanciones administrativas y su alcance.

¿Qué son las Sanciones Administrativas?

Las sanciones administrativas, también conocidas como multas, corresponden a los Iwaki castigos impuestos por una Administración Pública a los administrados por haber infringido la ley, al incumplir deberes jurídicos u obligaciones en la norma jurídica administrativa.

Aplica tanto a personas físicas como a personas jurídicas.

Las sanciones administrativas se diferencian de las penas, ya que las últimas son consecuencias de un delito cometido establecido en el código penal, por lo que, para estos casos, la sanción la establece el grupos de solteros mejorada del campo Poder Judicial, pudiendo llevar a la privación de la libertad.

Cabe destacar que, las sanciones administrativas no constituyen privación de libertad, las multas suelen aplicarse en forma de sanción económica.

Por otra parte, las sanciones administrativas se fundamentan en la Ley 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ya que no se cuenta con una ley específica de procedimiento administrativo sancionador.

De acuerdo a la Constitución española, se establece en el artículo 25 que para que una infracción administrativa sea considerada como tal, debe estar soportada con su correspondiente norma con rango de ley.

También se establece en la Constitución española otro precepto relacionado con las infracciones administrativas, se trata del artículo 9.

Dicho artículo establece que: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Derecho administrativo sancionador

Es una rama del derecho administrativo que se orienta a prever y regular la facultad de imponer sanciones o castigos por parte de la Administración Pública sobre los casos de incumplimiento de la norma jurídica administrativa por personas físicas o jurídicas.

Representa un sistema represivo que el ordenamiento jurídico asigna a la Administración Pública y en conjunto con el derecho penal, conforma la facultad del Estado para castigar delitos mediante los dos sistemas: penal y administrativo, donde las sanciones administrativas se refieren a delitos de menor gravedad.

Características de las sanciones administrativas

Hay ciertos elementos característicos que definen a las sanciones administrativas, los cuales son:

1. Debe estar vinculada a un hecho involucrado con una infracción de la norma jurídica administrativa, por lo que amerita una sanción.
2. Para que las sanciones administrativas procedan, deben estar tipificadas en el correspondiente ordenamiento jurídico, cumpliendo con el principio de legalidad.
3. Las sanciones administrativas solo son impuestas por la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento sancionador.
4. Necesidad de considerar responsable al sujeto al que se impone la sanción, ya se trate de un acto de negligencia, culpa o en dolo.
5. Las sanciones administrativas generalmente se clasifican en leves, graves y muy graves.
6. Parte de su finalidad es imponer castigo a los ciudadanos que hayan incurrido en faltas administrativas.
7. Se aplica tanto a personas físicas como jurídicas.
8. Persiguen prevenir comportamientos que puedan ocasionar un mal a otros.
9. Una forma común de sanción administrativa está representada por el pago de una multa.
10. Las sanciones administrativas deben ser proporcionales a la falta cometida, aplicando el principio de proporcionalidad y tomando en consideración si el ciudadano responsable es reincidente, determinando la intencionalidad del acto, así como sus consecuencias.
11. Las sanciones administrativas pueden conllevar el pago de una indemnización por daños y perjuicios.
12. Bajo ninguna circunstancia pueden ser objeto de privación de libertad.
13. Las sanciones administrativas tienen un plazo de prescripción.

Administración Pública como potestad sancionadora

La Administración Pública tiene la facultad de controlar y castigar las acciones ilícitas de las personas físicas y jurídicas a través de sanciones, lo cual está debidamente consagrado en la Constitución Española en el artículo 103.

La potestad sancionadora es la capacidad de la Administración Pública de valorar el comportamiento y acciones de los administrados y decidir cómo corregir lo que vaya en contra del ordenamiento jurídico.

Por ello, cuando una persona física o jurídica comete una infracción contraria a derecho, es deber de la Administración Pública imponer la correspondiente sanción, la cual puede ser una multa o inclusive estar relacionada con la privación de bienes o derechos.

La Administración Pública y los procedimientos penales comparten los mismos principios, establecidos por el Estado, los cuales son:

• Legalidad.
• Tipicidad.
• Irretroactividad.
• Responsabilidad.

Principios de la potestad sancionadora de la Administración Pública

1) Principio de legalidad:

El cual establece la exigencia de una norma tipificada en el correspondiente ordenamiento jurídico.

2) Irretroactividad:

Donde se requiere, de acuerdo al hecho, la aplicación de las correspondientes disposiciones sancionadoras que se encuentren en vigencia al momento de que hayan ocurrido.

3) Proporcionalidad:

Se refiere a la prohibición de sanciones administrativas que involucren la privación de libertad.  La Administración Pública se debe adaptar, según la gravedad del caso, para la aplicación de la sanción correspondiente, tomando en consideración los criterios de intencionalidad, reiteración, así como la naturaleza de los perjuicios y si hay o no reincidencia.

4) Presunción de inocencia:

Garantiza el derecho al administrado de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario.

5) Prescripción:

Establece la fijación de los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones administrativas de acuerdo a su gravedad.

6) Principio de tipicidad:

Exige la descripción de la conducta que lleva a la comisión del delito, sea por culpa, dolo o negligencia.

7) Principio de culpabilidad:

Establece la ausencia de responsabilidad penal sin dolo o imprudencia, prohibiendo que la pena impuesta sobrepase la medida de la culpabilidad del imputado.

8) Principio de supremacía del orden penal:

Donde las autoridades administrativas no pueden sancionar hechos que el Tribunal penal considere inexistentes o no haya probado.

9) Principio non bis in idem:

Un mismo hecho no puede ser sancionado al mismo tiempo por vía penal y administrativa.

10) Principio de personalidad:

Establece el criterio de la determinación de la jurisdicción penal de acuerdo a la nacionalidad del administrado.

Procedimiento sancionador

Uno de los elementos a tener en cuenta de las sanciones administrativas, corresponde a que su imposición debe realizarse a través del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.

El procedimiento administrativo sancionador está representado por un conjunto de actos fundamentales y regulados taxativamente para que la Administración Pública pueda ejercer la potestad sancionadora.

Dicho procedimiento será ejecutado con la finalidad de determinar la resolución que corresponda al caso, de manera de imponer una sanción que se ajuste a la infracción cometida por el administrado, ya sea mediante la privación de un bien o un derecho o a través de una multa, la cual se da con mayor frecuencia.

Este tipo de procedimientos también garantiza el derecho y principio de audiencia y defensa del administrado, y la imposición de sanciones administrativas, su aplicación y seguimiento por parte de las Administraciones Públicas está condicionado por la ley.

Por ello, se deben garantizar al interesado los siguientes derechos:

1. La presunción de su inocencia hasta que se demuestre lo contrario con suficientes evidencias.
2. Notificación de los hechos que se le imputen.
3. Hacerle saber la infracción que constituyen los hechos imputados.
4. Comunicar las posibles sanciones que se puedan aplicar al caso.
5. Garantizar que el interesado pueda aportar las alegaciones que considere necesarias para su defensa y hacer uso de los medios de defensa permitidos por la ley para la defensa de sus intereses.

Imposición de sanciones administrativas

Las sanciones administrativas son impuestas a través de la correspondiente resolución administrativa producto del seguimiento al procedimiento sancionador.

En el caso de que la defensa considere que las sanciones administrativas impuestas no se ajusten a derecho, podrá solicitar su impugnación a través de la interposición del recurso correspondiente.

Dependiendo de si la sanción constituye un acto administrativo firme o definitivo, se puede recurrir a los siguientes recursos que aplican contra las resoluciones administrativas:

1) De alzada

Es un recurso impugnatorio en vía administrativa, que aplica contra resoluciones ante el órgano que dictó la resolución impugnada. Su plazo es de un mes, contado desde el día siguiente de que fue notificada la resolución. El superior jerárquico cuenta con un plazo máximo de 3 meses para resolver.

2) Potestativo de reposición

El recurso potestativo de reposición con carácter administrativo aplica si se da el caso de que la resolución a impugnar ponga fin a la vía administrativa.

Este recurso se interpone ante el órgano que dictó las sanciones administrativas en el plazo de un mes.

Al interponerlo se debe esperar que transcurra un mes para conocer su expresa resolución o la desestimación presunta, de manera de poder interponer el recurso contencioso-administrativo.

3) Contencioso administrativo

En el plazo de dos meses, se puede interponer en forma directa contra la resolución administrativa el recurso contencioso-administrativo que pone fin a la vía administrativa y deja expedita la vía judicial.

Prescripción de las sanciones administrativas

Al igual que otro tipo de delitos, las sanciones administrativas, tienen un plazo de prescripción establecido por la ley.

Generalmente, las normas que regulan las sanciones administrativas fijan su tiempo de caducidad y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece una regulación aplicable para los casos donde no se cuente con una norma específica.

De conformidad a lo establecido en la LRJSP, o Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 30, las sanciones administrativas prescriben al transcurrir uno, dos y tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción causante de su imposición.

El plazo de prescripción de las sanciones administrativas inicia al siguiente día de que sea ejecutable la resolución o haya vencido el plazo para solicitar su impugnación. Cabe destacar que, las sanciones administrativas solo son efectivas por un tiempo concreto.

En detalle, las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las infracciones graves a los 2 años y las infracciones leves entre 6 meses y 1 año.

Conoce algunos tipos de infracciones y sanciones administrativas

A fin de comprender y conocer con mayor exactitud los casos que conllevan a infracciones y sanciones administrativas, presentamos los siguientes ejemplos en diversos sectores:

1. Con relación a las infracciones y sanciones administrativas más frecuentes impuestas por Hacienda, se pueden destacar el hecho de usar facturas, justificantes, así como cualquier documento falso en la declaración. También figurar el nombre de terceros que no corresponde, omitir datos, emplear medios fraudulentos con la finalidad de obtener un mayor beneficio en el resultado de la declaración de la renta, entre otros.
2. Empleo inadecuado de espacios públicos, equipamientos, servicios, infraestructuras, puestos a disposición de los ciudadanos por parte de la administración pública o instalaciones.
3. Con relación a las competencias del Ministerio del Interior, retraso u omisión en la notificación a las autoridades del cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad, etc. Así como no contar con la autorización administrativa para trabajar en forma independiente o de manera temporal en España, trabajar actividades no contempladas en la autorización de residencia y trabajo, entre otras.
4. Otro ejemplo corresponde a las multas de tráfico, donde las normativas de tráfico establecen límites de kilómetros para la circulación que los conductores deben respetar, en el caso de incumplimiento por rebasar la velocidad permitida, será sancionado con la multa correspondiente.
5. En cuanto a subvenciones, son objeto de sanciones administrativas: El incumplimiento de las obligaciones a consecuencia de la aprobación de la ayuda, la inobservancia de los cometidos de índole contable o de registro, la presentación fuera de fecha de las cuentas justificativas o incluso su inexactitud, entre otros.

En el caso de que aun tengas dudas o requieras ayuda legal para enfrentar cualquiera de estos casos o procedimientos administrativos, no dudes en contactarnos para poder ayudarte, nos encargaremos de conseguir la mejor solución para tus sanciones administrativas.

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