¿Necesitas ayuda o información sobre sanciones administrativas? En Legaliza Abogados te contamos todo lo que necesitas saber sobre estas medidas impuestas por la Administración Pública, qué son, cuándo se incumple alguna norma del ordenamiento jurídico, y lo que supone estas infracciones y sanciones, así como cuál es su alcance.
Incurrir en este tipo de faltas administrativas no tiene el impacto social en comparación a faltas penales, las cuales son potestad del Poder Judicial y suelen estar relacionadas con delitos de mayor gravedad, como quitar o atentar contra la vida de un ser humano, causar daños a una propiedad, entre otros.
¿Qué son las Sanciones Administrativas?
Las sanciones administrativas, también conocidas como multas, corresponden a los castigos impuestos por una Administración Pública a los administrados por haber infringido la ley, al incumplir deberes jurídicos u obligaciones en la norma jurídica administrativa.
Se aplica tanto a personas físicas como a personas jurídicas.
Las sanciones administrativas se diferencian de las penas, ya que las últimas son consecuencias de un delito cometido establecido en el código penal, por lo que, para estos casos, la sanción la establece el Poder Judicial, pudiendo llevar a la privación de la libertad.
Cabe destacar que, las sanciones administrativas no constituyen privación de libertad, las multas suelen aplicarse en forma de sanción económica.
La Ley 40/2015: Un Marco Jurídico para la Administración Pública Española
Las sanciones administrativas, se fundamentan en la Ley 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ya que no se cuenta con una ley específica de procedimiento administrativo sancionador.
Se trata de una norma fundamental en el ordenamiento jurídico español que establece las bases generales del funcionamiento de la Administración Pública. Su objetivo principal es regular la organización y el funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional, así como los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.
De acuerdo a la Constitución española, se establece en el artículo 25 que para que una infracción administrativa sea considerada como tal, debe estar soportada con su correspondiente norma con rango de ley.
También se establece en la Constitución española otro precepto relacionado con las infracciones administrativas, se trata del artículo 9.
Dicho artículo establece que: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Derecho administrativo sancionador
Es una rama del derecho administrativo que se orienta a prever y regular la facultad de imponer sanciones o castigos por parte de la Administración Pública sobre los casos de incumplimiento de la norma jurídica administrativa por personas físicas o jurídicas.
Representa un sistema represivo que el ordenamiento jurídico asigna a la Administración Pública y en conjunto con el derecho penal, conforma la facultad del Estado para castigar delitos mediante los dos sistemas: penal y administrativo, donde las sanciones administrativas se refieren a delitos de menor gravedad.
Características de las sanciones administrativas
La finalidad de las sanciones administrativas es restablecer el orden jurídico alterado por la comisión de una infracción administrativa, así como disuadir al infractor y a otros de cometer nuevas infracciones, previniendo comportamientos que perjudiquen a terceros.
Dicho lo anterior, las sanciones administrativas buscan:
- Corregir conductas contrarias a la legalidad: Al imponer una consecuencia negativa al infractor, se busca que este modifique su comportamiento futuro.
- Prevenir futuras infracciones: La imposición de sanciones sirve como ejemplo para otros, disuadiéndolos de cometer actos similares.
- Proteger el interés general: Al sancionar las infracciones, se protege el interés general y se garantiza el cumplimiento de las normas administrativas.
Requisitos de las sanciones administrativas
Ahora bien, para que se pueda establecer una sanción administrativa, es necesario cumplir con ciertos requisitos fundamentales que aseguran la legalidad y la correcta aplicación del procedimiento sancionador, a fin de poder considerar responsable al sujeto al cual se impondrá la falta.
Entre estos requisitos tenemos:
- Existencia de una infracción: Debe haber una conducta que constituya una infracción administrativa, la cual debe estar claramente definida en una norma con rango de ley. Esto se basa en el principio de legalidad, que establece que no puede haber sanción sin una norma que la prevea.
- Competencia del Órgano Sancionador: La sanción debe ser impuesta por un órgano administrativo competente. Esto significa que la entidad que aplica la sanción debe tener la autoridad legal para hacerlo, conforme a la normativa aplicable.
- Procedimiento Sancionador: Antes de imponer una sanción, debe llevarse a cabo un procedimiento administrativo sancionador. Este procedimiento incluye la instrucción de un expediente donde se recogen las pruebas y se garantiza el derecho de defensa del sancionado.
- Principio de Responsabilidad: La sanción solo puede imponerse a aquellas personas que hayan actuado de forma culposa o dolosa. Esto implica que debe demostrarse que el infractor tuvo la intención de cometer la infracción o que actuó con negligencia.
- Proporcionalidad de la Sanción: La sanción impuesta debe ser proporcional a la gravedad de la infracción cometida. Esto significa que se debe considerar la naturaleza de la falta y las circunstancias que la rodean al momento de determinar la sanción.
- Notificación y Derecho a Recurrir: Una vez impuesta la sanción, el afectado debe ser notificado adecuadamente y se le debe informar sobre su derecho a recurrir a la decisión ante la propia Administración o ante los tribunales.
Elementos esenciales de las sanciones administrativas
- Sujeto activo: La Administración Pública.
- Sujeto pasivo: El infractor (persona física o jurídica).
- Hecho sancionable: La conducta contraria a la norma administrativa.
- Sanción: La medida impuesta como consecuencia de la infracción.
Administración Pública como potestad sancionadora
La Administración Pública tiene la facultad de controlar y castigar las acciones ilícitas de las personas físicas y jurídicas a través de sanciones, lo cual está debidamente consagrado en la Constitución Española en el artículo 103.
La potestad sancionadora es la capacidad de la Administración Pública de valorar el comportamiento y acciones de los administrados y decidir cómo corregir lo que vaya en contra del ordenamiento jurídico.
Por ello, cuando una persona física o jurídica comete una infracción contraria a derecho, es deber de la Administración Pública imponer la correspondiente sanción, la cual puede ser una multa o inclusive estar relacionada con la privación de bienes o derechos.
La Administración Pública y los procedimientos penales comparten los mismos principios, establecidos por el Estado, los cuales son:
- Legalidad
- Tipicidad
- Irretroactividad
- Responsabilidad
Principios de la potestad sancionadora de la Administración Pública
La ley establece una serie de principios, los cuales son esenciales para asegurar que el ejercicio de la potestad sancionadora sea justo, transparente y respetuoso con los derechos de los ciudadanos, evitando abusos por parte de la Administración.
1) Principio de legalidad:
La potestad sancionadora debe estar expresamente reconocida por una norma con rango de ley. Esto asegura que no se puede imponer una sanción sin que exista una infracción claramente definida en la legislación correspondiente.
2) Irretroactividad:
Las normas sancionadoras no pueden aplicarse retroactivamente, salvo en los casos en que la nueva norma sea más favorable para el infractor. Este principio protege a los ciudadanos de sanciones por conductas que no eran consideradas infracciones en el momento en que se cometieron.
3) Proporcionalidad:
Las sanciones impuestas deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción cometida. Esto implica que la Administración debe considerar la naturaleza de la falta y las circunstancias que la rodean al determinar la sanción.
4) Presunción de inocencia:
Garantiza el derecho al administrado de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Los ciudadanos tienen derecho a la defensa, a ser escuchados ya presentar sus alegaciones antes de que se imponga una sanción, lo cual garantiza un procedimiento justo y equitativo.
5) Prescripción:
Establece la fijación de los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones administrativas de acuerdo a su gravedad.
6) Principio de tipicidad:
Las infracciones deben estar tipificadas de manera precisa en la normativa. Esto significa que la conducta sancionable debe estar claramente descrita para que los ciudadanos puedan conocer las consecuencias de sus acciones
7) Principio de culpabilidad:
La responsabilidad por la infracción debe basarse en la culpabilidad del infractor, es decir, debe demostrarse que la persona actuó con intención o negligencia al cometer la infracción.
8) Principio de supremacía del orden penal:
Donde las autoridades administrativas no pueden sancionar hechos que el Tribunal penal considere inexistentes o no haya probado.
9) Principio non bis in idem:
Un mismo hecho no puede ser sancionado al mismo tiempo por vía penal y administrativa.
10) Principio de personalidad:
Establece el criterio de la determinación de la jurisdicción penal de acuerdo a la nacionalidad del administrado.
Procedimiento sancionador
Uno de los elementos a tener en cuenta de las sanciones administrativas, corresponde a que su imposición debe realizarse a través del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
El procedimiento administrativo sancionador está representado por un conjunto de actos fundamentales y regulados taxativamente para que la Administración Pública pueda ejercer la potestad sancionadora.
Dicho procedimiento será ejecutado con la finalidad de determinar la resolución que corresponda al caso, de manera de imponer una sanción que se ajuste a la infracción cometida por el administrado, ya sea mediante la privación de un bien o un derecho o a través de una multa, la cual se da con mayor frecuencia.
Este tipo de procedimientos también garantiza el derecho y principio de audiencia y defensa del administrado, y la imposición de sanciones administrativas, su aplicación y seguimiento por parte de las Administraciones Públicas está condicionado por la ley.
Por ello, se deben garantizar al interesado los siguientes derechos:
- La presunción de su inocencia hasta que se demuestre lo contrario con suficientes evidencias.
- Notificación de los hechos que se le imputen.
- Hacerle saber la infracción que constituyen los hechos imputados.
- Comunicar las posibles sanciones que se puedan aplicar al caso.
- Garantizar que el interesado pueda aportar las alegaciones que considere necesarias para su defensa y hacer uso de los medios de defensa permitidos por la ley para la defensa de sus intereses.
Imposición de sanciones administrativas
Las sanciones administrativas son impuestas a través de la correspondiente resolución administrativa producto del seguimiento al procedimiento sancionador.
En el caso de que la defensa considere que las sanciones administrativas impuestas no se ajusten a derecho, podrá solicitar su impugnación a través de la interposición del recurso correspondiente.
Dependiendo de si la sanción constituye un acto administrativo firme o definitivo, se puede recurrir a los siguientes recursos que aplican contra las resoluciones administrativas:
1) De alzada
Es un recurso impugnatorio en vía administrativa, que aplica contra resoluciones ante el órgano que dictó la resolución impugnada. Su plazo es de un mes, contado desde el día siguiente de que fue notificada la resolución. El superior jerárquico cuenta con un plazo máximo de 3 meses para resolver.
2) Potestativo de reposición
El recurso potestativo de reposición con carácter administrativo aplica si se da el caso de que la resolución a impugnar ponga fin a la vía administrativa.
Este recurso se interpone ante el órgano que dictó las sanciones administrativas en el plazo de un mes.
Al interponerlo se debe esperar que transcurra un mes para conocer su expresa resolución o la desestimación presunta, de manera de poder interponer el recurso contencioso-administrativo.
3) Contencioso administrativo
En el plazo de dos meses, se puede interponer en forma directa contra la resolución administrativa el recurso contencioso-administrativo que pone fin a la vía administrativa y deja expedita la vía judicial.
Prescripción de las sanciones administrativas
Al igual que otro tipo de delitos, las sanciones administrativas, tienen un plazo de prescripción establecido por la ley.
Generalmente, las normas que regulan las sanciones administrativas fijan su tiempo de caducidad y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece una regulación aplicable para los casos donde no se cuente con una norma específica.
De conformidad a lo establecido en la LRJSP, o Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 30, las sanciones administrativas prescriben al transcurrir uno, dos y tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción causante de su imposición.
El plazo de prescripción de las sanciones administrativas inicia al siguiente día de que sea ejecutable la resolución o haya vencido el plazo para solicitar su impugnación. Cabe destacar que, las sanciones administrativas solo son efectivas por un tiempo concreto.
En detalle, las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las infracciones graves a los 2 años y las infracciones leves entre 6 meses y 1 año.
Conoce algunos tipos de infracciones y sanciones administrativas
A fin de comprender y conocer con mayor exactitud los casos que conllevan a infracciones y sanciones administrativas, presentamos los siguientes ejemplos en diversos sectores:
Con relación a las infracciones y sanciones administrativas más frecuentes impuestas por Hacienda, se pueden destacar el hecho de usar facturas, justificantes, así como cualquier documento falso en la declaración. También figurar el nombre de terceros que no corresponde, omitir datos, emplear medios fraudulentos con la finalidad de obtener un mayor beneficio en el resultado de la declaración de la renta, entre otros.
Empleo inadecuado de espacios públicos, equipamientos, servicios, infraestructuras, puestos a disposición de los ciudadanos por parte de la administración pública o instalaciones.
Con relación a las competencias del Ministerio del Interior, retraso u omisión en la notificación a las autoridades del cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad, etc. Así como no contar con la autorización administrativa para trabajar en forma independiente o de manera temporal en España, trabajar actividades no contempladas en la autorización de residencia y trabajo, entre otras.
Otro ejemplo corresponde a las multas de tráfico, donde las normativas de tráfico establecen límites de kilómetros para la circulación que los conductores deben respetar, en el caso de incumplimiento por rebasar la velocidad permitida, será sancionado con la multa correspondiente.
En cuanto a subvenciones, son objeto de sanciones administrativas: El incumplimiento de las obligaciones a consecuencia de la aprobación de la ayuda, la inobservancia de los cometidos de índole contable o de registro, la presentación fuera de fecha de las cuentas justificativas o incluso su inexactitud, entre otros.
Ámbitos de aplicación
Las sanciones administrativas se aplican en numerosos ámbitos, como:
- Ordenación del territorio: Infracciones urbanísticas, medioambientales, etc.
- Hacienda pública: Infracciones tributarias.
- Consumo: Infracciones en materia de consumo.
- Tráfico: Infracciones de la Ley de Tráfico.
- Extranjería: Infracciones de la Ley de Extranjería.
En el caso de que aún tengas dudas o requieras ayuda legal para enfrentar cualquiera de estos casos o procedimientos administrativos, no dudes en contactarnos para poder ayudarte, nos encargaremos de conseguir la mejor solución para tus sanciones administrativas.
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