En esta ocasión, desde Legaliza Abogados vamos a profundizar en un tema fundamental en el ámbito jurídico: el contencioso administrativo. Proceso que es crucial para resolver conflictos entre los ciudadanos y la administración pública.
Te presentamos cinco puntos clave que te ayudarán a entender qué es el contencioso administrativo, cómo se lleva a cabo el procedimiento, las preguntas más frecuentes que solemos hacernos sobre este procedimiento y los artículos concretos de la ley donde encontrareis la respuesta, explicados de forma clara y directa.
¿Qué es el proceso contencioso administrativo?
El contencioso administrativo es un procedimiento judicial que se inicia cuando un ciudadano presenta un recurso contra actos o decisiones de la administración pública que considera lesivos para sus derechos. Este tipo de procedimiento se activa una vez que se han agotado todas las vías administrativas disponibles para resolver el conflicto.
Este proceso se rige por un conjunto de normas que buscan resolver litigios entre particulares y la administración, asegurando que las decisiones administrativas se ajusten a derecho y respeten los derechos subjetivos de los ciudadanos.
En esencia, el contencioso administrativo permite a los ciudadanos impugnar actos administrativos, ya sean de carácter general o particular, cuando consideran que han sido tratados injustamente o que sus derechos han sido vulnerados. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar la justicia y la legalidad en las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública.
5 puntos clave del procedimiento contencioso administrativo
Estos son los 5 puntos clave de un procedimiento contencioso administrativo:
- Naturaleza del recurso: El contencioso administrativo es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos impugnar actos administrativos que consideran injustos o ilegales. Este recurso busca proteger los derechos de los ciudadanos frente a decisiones de la administración pública.
- Plazos y formalidades: Es fundamental presentar el recurso contencioso dentro de los plazos establecidos por la ley, que generalmente son de dos meses desde la notificación del acto impugnado. Además, el recurso debe cumplir con ciertos requisitos formales para ser admitido.
- Fases del procedimiento: El procedimiento se desarrolla en varias fases, que incluyen la interposición del recurso, el emplazamiento de las partes, la presentación de la demanda y contestación, la fase de prueba y vista, y finalmente, la sentencia. Cada fase es crucial para garantizar un proceso justo.
- Prueba y alegaciones: Durante el procedimiento, las partes tienen la oportunidad de presentar pruebas y alegaciones que respalden sus posiciones. Esto permite al tribunal evaluar todos los aspectos del caso antes de tomar una decisión.
- Sentencia y recursos: Una vez que el tribunal ha evaluado el caso, emite una sentencia que puede confirmar, anular o modificar el acto administrativo impugnado. Además, las partes tienen la posibilidad de recurrir la sentencia ante instancias superiores si no están satisfechas con el resultado.
¿Cuáles son las fases del procedimiento contencioso administrativo?
Las fases del procedimiento contencioso administrativo garantizan un proceso justo y ordenado. Sus principales etapas son:
- Interposición del recurso: Esta fase inicia el procedimiento cuando el interesado presenta un recurso contencioso administrativo ante el tribunal competente, impugnando un acto administrativo que considera lesivo para sus derechos.
- Emplazamiento de las partes: Una vez admitido el recurso, se notifica a la administración demandada y a otros posibles interesados para que puedan participar en el proceso.
- Demanda y contestación: El demandante presenta su demanda, y la administración tiene la oportunidad de contestar, exponiendo sus argumentos y defendiendo la legalidad del acto impugnado.
- Alegaciones previas: Ambas partes pueden presentar alegaciones adicionales, donde se argumenten los puntos de vista y se aporten pruebas que respalden sus posiciones.
- Prueba y vista: En esta fase, se llevan a cabo las pruebas necesarias para esclarecer los hechos del caso. Posteriormente, se celebra una vista oral donde las partes exponen sus argumentos ante el juez.
Finalmente, tras la vista, las partes presentan sus conclusiones, y el tribunal se prepara para dictar sentencia sobre el recurso interpuesto.
Estas fases son esenciales para asegurar que el procedimiento contencioso administrativo se desarrolle de manera adecuada, permitiendo a los ciudadanos defender sus derechos frente a la administración pública.
¿Quién puede interponer una demanda en el contencioso administrativo? (Artículo 19)
Las personas legitimadas para acceder al contencioso son:
- Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo, es decir que presenten un cierto grado de cercanía con el caso.
- Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, cuando la ley lo determine concretamente.
- La administración del estado, comunidades autónomas o de entidades locales y territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten a su autonomía o funcionamiento.
- El ministerio fiscal, siempre que la ley lo determine expresamente.
- Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia.
- Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos previstos expresamente por las leyes.
Cuando se trate de la defensa de igualdad entre mujeres y hombres, además de los afectados, estarán legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas para este fin. No obstante, si es una cuestión sobre acoso sexual o por razón de sexo, solo estará legitimada la persona que ha sufra esta situación.
¿Cuál es el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo? (Artículo 46)
Antes de ver las diferencias entre los distintos actos sobre los cuales podemos iniciar el recurso, tenemos que saber los elementos en común. El acto recurrido debe cumplir un requisito previo: Poner fin a la vía administrativa.
El plazo para interponer recurso depende del tipo de acto sobre el cual vaya a ser objeto del proceso. Para entender los diferentes actos emitidos por la administración pública, cuando solicitamos algo a la administración, esta tiene la obligación de contestar a nuestra solicitud.
A partir de aquí, podemos señalar cuatro tipos de actos de la administración:
1) Actos expresos
Estos son todos los actos en los cuales existe una notificación de resolución, es decir, la administración pública contesta a nuestra solicitud. En este caso, el plazo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto.
2) Actos presuntos
Esta situación se produce cuando la administración no dicta resolución y se acoge a la herramienta del silencio administrativo. Esta no se manifiesta de forma clara, sino que se presume que se ha realizado. Este silencio administrativo podrá ser estimado, de forma que se entiende que se ha concedido lo que pedíamos en nuestra solicitud (El que calla otorga), o desestimado, por lo que se entiende denegada la pretensión.
En este caso, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
3) Actos no ejecutados por la Administración Pública
Por otro lado, puede darse el caso de que la administración pública otorgue un derecho a un sujeto, pero no lleve a cabo los actos pertinentes para que se cumpla la resolución. Si pasaran más de 30 días sin que la administración ejecute las debidas acciones, se abre un plazo de dos meses para la presentación del recurso contencioso administrativo.
4) Actos excluidos de la jurisdicción contenciosa
Existen una serie de actos que quedan excluidos de ser objetos de esta jurisdicción, dentro de los cuales destacamos:
- El recurso contencioso-administrativo militar.
- Las cuestiones expresamente atribuidas a las órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la administración pública
- Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y Tribunales y la administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración.
Tipos de recursos contenciosos administrativos
El recurso contencioso administrativo se clasifica en tres tipos principales, cada uno con características y procedimientos específicos. A continuación, se describen estos tipos:
1. Procedimiento contencioso-administrativo ordinario
Este es el procedimiento más común y se utiliza para impugnar actos administrativos que no están sujetos a un procedimiento especial. Se aplica en casos donde se requiere un análisis más detallado de los hechos y del derecho, permitiendo la presentación de pruebas y alegaciones por ambas partes. Este procedimiento es más extenso y puede incluir una fase de vista oral.
Este comienza con un escrito de interposición del recurso, al que le sigue posteriormente otro de demanda.
Entre ambos se solicita a la administración a la que hemos recurrido el expediente, que debe entregarse sin dificultades al recurrente, pues este es requisito de procedibilidad para poder interponer la demanda. Los plazos para interponer este proceso dependerá del acto administrativo sobre los cuales se inicie el proceso.
2. Procedimiento Contencioso-Administrativo Abreviado (Artículo 78)
Este tipo de procedimiento se utiliza para casos que requieren una resolución más rápida y sencilla. Se aplica a actos administrativos cuando su cuantía no supere los 30000 euros o los que trate de cuestiones de personal que no se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios públicos de carrera y todos los relacionados con extranjería e inadmisiones de peticiones de asilo político.
El procedimiento abreviado tiene plazos más cortos y un proceso simplificado, lo que permite una resolución más ágil de los conflictos.
3. Recurso Administrativo para la Protección de los Derechos Fundamentales
Este recurso contencioso se presenta cuando se alegan vulneraciones de derechos fundamentales en el contexto de actos administrativos. Este procedimiento tiene un carácter especial y se tramita con mayor celeridad, dado que busca proteger derechos esenciales de los ciudadanos, como el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, entre otros.
Estos tipos de recursos contenciosos administrativos son fundamentales para garantizar que los ciudadanos puedan defender sus derechos frente a la administración pública, cada uno adaptándose a diferentes situaciones y necesidades legales
¿Qué necesito para comparecer en un recurso de contencioso administrativo? (Artículo 23)
No podemos acceder a la vía contencioso-administrativa sin la representación legal necesaria. La ley de jurisdicción contencioso – administrativa (Ley 29/1998, de 13 de Julio), distingue entre órganos colegiados, en los cuales son obligatorios abogado y procurador y unipersonales, en los cuales solo es obligatorio la figura del abogado.
La ley jurisdiccional se muestra taxativa en su artículo 23 en los casos de particulares. No obstante, si se trata de funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, estos pueden comparecer solos.
En el resto de los supuestos, a pesar de ser funcionarios, tendrán las mismas obligaciones que cualquier otro sujeto. Es obligatorio contar con un procurador o abogado siempre que el recurso sea tramitado ante las salas correspondientes de los tribunales superiores de justicia (Salas de la Audiencia Nacional y sala tercera del Tribunal Supremo).
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